El abogado Jorge Morell, miembro del bufete Términos y Condiciones, ofreció ayer una sesión formativa en el marco de Connect’Up, donde es formador habitual. Durante su intervención en Sa Riera, el especialista abordó el módulo de Legal Tech, un concepto jurídico fundamental para el desarrollo de startups y el ecosistema emprendedor.

Morell subrayó los numerosos riesgos legales que acechan a los emprendedores desde el primer momento. Entre ellos, explicó los problemas con la propiedad intelectual, disputas entre socios o protección de datos. El experto advirtió que «en muchos casos, el desconocimiento de las regulaciones puede llevar a sanciones que afectan gravemente la viabilidad del proyecto». Asimismo, señaló que «la falta de claridad en los acuerdos iniciales» representa otro peligro, capaz de «derivar en conflictos internos cuando la empresa empieza a crecer».

En cuanto a los contratos prioritarios durante las fases iniciales de un proyecto, Morell enfatizó la relevancia de varios documentos. Mencionó que «los contratos clave son los acuerdos entre fundadores, contratos de confidencialidad con empleados o acuerdos de propiedad intelectual con colaboradores». Detalló que el pacto entre fundadores «establece los derechos y responsabilidades de cada uno», mientras que los de confidencialidad resultan «vitales para proteger información sensible». Resaltó, además, la trascendencia de los acuerdos de propiedad intelectual y las estrategias para evitar la competencia desleal, afirmando que «es fundamental tener claridad sobre la propiedad de la tecnología o producto que se esté desarrollando» y que «limitar acciones de competencia desleal también puede ser relevante».

Morell destacó que una estrategia legal robusta desde el comienzo puede salvaguardar un proyecto a largo plazo. «Establecer bases legales sólidas desde el inicio puede evitar muchos problemas y costes en el futuro», señaló. Un asesoramiento adecuado en la etapa de ideación, según Morell, «ayuda a proteger la propiedad intelectual, establecer límites claros con los socios y prepararse para cumplir con normativas que podrían complicarse más adelante». Este planteamiento preventivo, añadió, «ofrece una mayor seguridad al proyecto y facilita la entrada de futuros inversores». Puso como ejemplo que «puede evitar que el nombre elegido luego deba ser cambiado por un problema marcario o que un desarrollo relevante quede condicionado por dudas relativas a su titularidad».

El especialista también hizo hincapié en la necesidad de acuerdos transparentes entre los socios fundadores. «Un abogado puede ayudar a redactar este acuerdo de forma clara y detallada, lo cual minimiza malentendidos y establece un marco para resolver conflictos en el futuro», afirmó. Un pacto de socios bien estructurado, según Morell, «incluye mecanismos de revisión y actualizaciones que permiten adaptarlo a las necesidades cambiantes de la startup». Entre los elementos mínimos que deben figurar en estos documentos, enumeró la distribución de participaciones, los compromisos de tiempo y las normas para la salida y entrada de nuevos socios.

Algunos de los nuevos elementos legales a valorar en un proyecto pueden ser la aplicación de inteligencia artificial y el cumplimiento de la futura normativa europea, así como la ciberseguridad de los datos o la explotación de datos no personales, de acuerdo a la recientemente aprobada Data Act europea, que permite generar nuevos modelos de negocio a partir de datos generados por servicios o productos y no vinculados a información personal.